En una inesperada vuelta de eventos, la reconocida cantante Shakira ha aceptado un acuerdo con las autoridades españolas el primer día de su juicio por acusaciones de fraude fiscal en Barcelona. El proceso, que se esperaba que durara semanas, concluyó en tan solo ocho minutos.
Los cargos y la defensa de Shakira
La artista colombiana enfrentaba seis cargos por no declarar al fisco español la suma de 14,5 millones de euros (aproximadamente 15,8 millones de dólares) en impuestos entre los años 2012 y 2014. A pesar de las acusaciones, Shakira ha mantenido su posición de no haber incurrido en prácticas fiscales indebidas, asegurando haber cumplido con todas sus obligaciones tributarias.
Disputa sobre residencia y tasas fiscales
El caso se centraba en la residencia de Shakira durante ese periodo. La fiscalía en Barcelona sostenía que la artista había pasado más de la mitad de ese tiempo en España, lo que según sus argumentos, la obligaría a pagar impuestos sobre sus ingresos globales en el país, a pesar de que su residencia oficial continuara siendo en las Bahamas. Este aspecto era crucial, ya que las tasas impositivas en las Bahamas son significativamente más bajas que en España.
Acuerdo y evitación de riesgos legales
Optando por una resolución rápida, Shakira llegó a un acuerdo con las autoridades españolas, evitando así el riesgo de enfrentar una posible pena de prisión. El magistrado José Manuel del Amo confirmó la aceptación del acuerdo por parte de la cantante, reconociendo seis cargos por no pagar al Gobierno español los 14,5 millones de euros en impuestos correspondientes al periodo entre 2012 y 2014.
Términos del acuerdo y suspensión del juicio
Según los términos del acuerdo, Shakira recibirá una sentencia sin cumplimiento de pena de tres años y deberá abonar una multa de 7 millones de euros. Este resultado, inusualmente rápido, llevó a la suspensión del juicio que inicialmente estaba programado para extenderse durante varias semanas.
Expectativas iniciales y declaraciones de Shakira
Inicialmente, los fiscales habían anunciado su intención de solicitar una pena de prisión de ocho años y dos meses, además de una multa de 24 millones de euros. Shakira, reconocida por sus éxitos en español e inglés en diversos géneros musicales, ha mantenido su postura sobre la ubicación de su residencia durante el periodo en cuestión, argumentando que su hogar oficial seguía siendo en las Bahamas.
En respuesta al acuerdo, la empresa de relaciones públicas de Shakira afirmó que la artista ya había cumplido con todas sus obligaciones fiscales y había abonado 3 millones de euros adicionales en concepto de intereses.
Este sorpresivo desenlace plantea interrogantes sobre la interpretación de las leyes fiscales internacionales y destaca la importancia de la residencia fiscal en casos de figuras públicas con ingresos globales significativos. La resolución millonaria de Shakira ofrece un giro inesperado en el panorama legal y fiscal de las celebridades.
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